El regreso a La Habana de Rosa María, la hija del
desaparecido líder cristiano Oswaldo
Payá Sardiñas, plantea el dilema: ¿Refugiada política en Miami? No parece
confirmarse que la vida de esta atribulada muchacha corría peligro en Cuba, mientras su padre vivía en peligro permanente
y murió en circunstancias sospechosas aún no aclaradas.
Sin embargo, la existencia de una oficina para los
refugiados políticos en la hasta hoy Sección de Intereses de los EE.UU. está
justificada, la represión violenta sigue creciendo, hechos y datos así lo
confirman:
Recientemente un
hombre apuñaleó a la Dama de Blanco, María Luisa Arango Presibal, recibiendo la blanda condena de 4 años de privación de
libertad.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC)
ofrece cifras elocuentes sobre arrestos a disidentes: Marzo, 492; abril, 610;
mayo, más de 500.
No se vislumbra una disminución de la política
represiva, todo lo contrario, un informe de la CCDHRC advierte:
“No
se espera un mejoramiento significativo, al menos a corto plazo, en cuanto a la
situación de derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales,
debido a la posición inmovilista del Gobierno y a su oposición a cualquier
esfuerzo o propuesta a favor de las urgentes reformas jurídicas, económicas y
políticas que necesita y merece el pueblo de Cuba”.
Por supuesto, se trata del creciente número de personas
que desafían al régimen en las calles, nunca de Rosa María Payá.
En el otro lado del estrecho, arribar vía ilegal
significa refugio inmediato si se consiguieron los “pies secos” exigidos por la
actual interpretación de la Ley de Ajuste de 1966, privilegio para los cubanos
porque viven bajo una dictadura comunista.
Lo cierto es que a tierras norteamericanas está
arribando una auténtica invasión de oportunistas procedentes de la Antilla
mayor, dicen escapar de la dictadura pero en realidad son meros inmigrantes
económicos.
Semanas atrás el Presidente Obama declaró a la agencia
Reuters que la decisión de sacar a Cuba de la lista de
países patrocinadores del terrorismo, “no se basará en si el régimen realiza actividades
represivas o autoritarias en su propio país, sino en sus vínculos actuales con
el terrorismo internacional.”
De paso, desde Miami autoridades del condado
Dade solicitaron al Congreso una reevaluación de la citada ley de ajuste, no
plantean su revocación, pero si, valga la redundancia, reajustarla a las
actuales circunstancias políticas.
El caso de Rosa María viene a confirmar las
preocupaciones sobre tan antiguo problema de las relaciones cubano americanas
sin que por ello se justifique derogar la legislación firmada por el entonces
presidente Johnson.
Mucho menos eliminar la oficina de atención a
los muchos perseguidos políticos, que deberá continuar actuando desde la futura
embajada de los EE.UU. en La Habana, aún cuando se plantea el dilema de si la
hija de Oswaldo Payá es una refugiada política.
Por Mario
Hechavarria Driggs, periodista independiente
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